jueves, 3 de mayo de 2012

YPF no será estatal, sino una sociedad anónima abierta al beneficio de otros capitales imperialista


La expropiación parcial no es una medida de independencia nacional

Con la engañosa declaración de “recuperar la soberanía energética” para nuestro país, la presidente de la nación acaba de plantear  mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU),  la expropiación (pagada) del  51 % de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Pero, nada más lejos de la soberanía que esta expropiación. Si  “a nivel nacional YPF domina el 33,87 de la explotación petrolera  y que en el caso del gas interviene en el 23% del total general producido”,  ese 15 ó 16 % de la explotación general de hidrocarburos que representan el 51% de las acciones de YPF, no significan ninguna soberanía y menos si esa expropiación no contempla al resto de los accionistas, fundamentalmente al  casi 26% de las acciones del Grupo Petersen,  hoy deudores de YPF en un monto superior a los 2.900 millones de dólares.  Con la Ley de expropiación enviada al Congreso por CFK - y como ella misma reconoció en su discurso- YPF será una empresa de capitales mixtos, con  lo cual no deja de ser un modelo privatizador, con la ventaja para los empresarios de que las inversiones las banca el Estado Nacional, que cumplirá un rol auxiliar del capital privado.
De igual forma que nos opusimos a las privatizaciones menemistas rechazamos esta reedición atenuada de una política que sostiene en lo esencial la propiedad del petróleo en manos del capital imperialista con su modelo de “empresas mixtas” y señalamos ante los trabajadores la falsedad del Kirchnerismo en cuanto a su pretendida “recuperación de los hidrocarburos”. Al mismo tiempo repudiamos las represalias comerciales llevadas adelante por el gobierno español. En este sentido, señalamos la necesidad de que las organizaciones obreras del estado español adopten una postura “contra su propio imperialismo”.

Expropiación paga, parcial: “manotazo” a la caja
La decisión del gobierno nacional no responde ni por asomo a una política que se oriente en un sentido de avanzar hacia la independencia nacional. Estamos ante una medida impuesta obligadamente por la crisis del sector energético que pasó del autoabastecimiento a importar combustible por más de 10 mil millones de dólares anuales debido a la política de saqueo llevada adelante por Repsol con la complicidad del gobierno actual que sostuvo el modelo iniciado con la privatización menemista, apoyado por los Kirchner en los años 90.
Es necesario aclarar además, que esta ley no alcanza, sino que por el contrario les abre nuevos negocios, a las empresas nacionales y multinacionales que controlan prácticamente el otro 70% de la explotación petrolera del país, y es de destacar entre estas el caso de Panamerícan Energy (de Bulgheroni , de la British Petróleum y capitales chinos) que tienen concesionada,  por más de por 50 años, la explotación del yacimiento más importante del país: Cerro Dragón (Chubut) que provee el 14% del crudo nacional. Si a todo este cuadro, agregamos que la nueva YPF cotizará sus acciones en bolsa, es decir que el destino de la empresa será fijado por sus accionistas al mejor estilo de Petrobras -tal como lo declaró CFK-, queda claro que  las acciones que posea el Estado serán un nuevo botín para las multinacionales ligadas al gobierno. O sea, el Estado Nacional sigue manteniendo en la producción hidrocarburífera un lugar subordinado a los monopolios imperialistas.
Lógicamente que para el descomunal operativo demagógico que ha montado el gobierno en función de recuperar su deteriorada mística “nacional y popular”, la expropiación de las acciones debía realizarse sobre YPF, empresa testigo de la actividad, que además  de ser “la petrolera de bandera” -como le gusta decir a los K-, significa echar mano a su recaudación anual que este último año superó los 60 mil millones de pesos.
El gobierno además de la recaudación, con esta  expropiación, intenta  “matar” varios pájaros de un tiro. Trata de resolver un problema económico, el problema energético -tan reclamado en cada uno de los banquetes empresariales- garantizando el aprovisionamiento de combustible y energía en general a precios menores que los internacionales, para que las patronales puedan sostener  su “competitividad”.  Pero además, como decíamos en principio, recomponer su alicaída imagen, muy deteriorada después del “crimen” de Once, en el que intentó con su habitual duplicidad, aparecer como querellante y hoy es acusado de “complicidad criminal” por el fiscal federal. Con un vicepresidente golpeado por las denuncias  de tráfico de influencias. Por su manifiesta autoría en el montaje  represivo contra las luchas populares aprobando la ley antiterrorista y el deschave de su proyecto X, por su inacción ante las consecuencias del vendaval que azotó la provincia de Buenos Aires, Por el ataque de la presidente contra los trabajadores de la educación, etc., etc., más la persistente inflación del “modelo” que golpea cada vez más el poder adquisitivo de los hogares obreros. Un cúmulo de elementos que se expresaron muy claramente el 24 de marzo en la masividad de las columnas que marcharon en el 36 aniversario del golpe de Estado ante las disminuidas columnas kirchneristas.

¿Una idea salvadora?
Por ello la idea de la expropiación, que ya se analizaba con las provincias petroleras (recordemos que Sapag, el gobernador de la provincia de Neuquén, el  4 de marzo en la apertura de las Sesiones ordinarias de la Legislatura  sostuvo que  "Los hidrocarburos son una cuestión de Estado porque la matriz energética del país depende del gas y el petróleo" y reclamó “al Estado nacional que use los fondos de la Anses y del Bicentenario”, “para juntar los 26.000 millones de dólares necesarios para perforar los 1.000 pozos de petróleo y 1.200 de gas necesarios”), se transformó  en una salida que permitió al gobierno  dar una nueva vuelta de tuerca en su demagogia nacionalista, recomponiendo su imagen y de paso le sirve para ocultar su responsabilidad en el vaciamiento de las reservas petroleras del país operado en estos  últimos  años.

Una política cómplice del vaciamiento
¿Qué duda cabe, que la política energética del Kirchnerismo, al igual que la del transporte, de las comunicaciones, de aguas, etc.,  ha sido preservar e incluso sostener mediante multimillonarios subsidios,  las concesiones realizadas por el menemismo a las multinacionales? Política agravada  por la incorporación de empresarios amigos. Fue el propio Kirchner el  que impulsó como accionistas y gerenciadores, en nombre de la “argentinización”, a la familia Eskenazi  (Grupo Petersen), dueños del Banco de Santa Cruz y hoy  poseedores del 25,46 % de las acciones de YPF de las cuales no se ha tocado un pelo; “argentinización” que  le permitió a Repsol que se repartiese el 90 % de las utilidades entre los accionistas, de manera que “el grupo” pudiera pagar con lo producido la compra de las acciones y a Repsol remitir las utilidades al exterior. No importó en estas circunstancias que ello implicaba la imposibilidad de reinversión en exploración y capitalización de YPF, estaba por sobre todas las cosas el beneficio de capitalistas amigos.
El vaciamiento de las reservas petroleras refleja cabalmente la política energética del  gobierno, las empresas asuelan el territorio nacional sin ningún control, una vez obtenida la concesión disponen libremente de los hidrocarburos, explotando los pozos hasta su agotamiento, sin reinvertir en nuevas exploraciones, así, tomando algunos ejemplos: Petrobras registró un descenso de las reservas del 68%, Chevrón una caída superior al 44 %. El caso de YPF adquirió ribetes escandalosos porque sus reservas cayeron un 48 %, en el período que analizamos 2002/2009, considerando que esta  política se sostuvo aún con la presencia de un integrante del Estado en el directorio de la empresa. Según un informe que presentaron en forma conjunta ex secretarios de energía de la nación, esta política significó una perdida en la última década de más de 100 mil millones de dólares en reservas.
De todas maneras, el manotazo a la caja de Repsol, no resuelve la necesidad de una industria petrolera estatal y mucho menos el problema del abastecimiento; solo contribuirá en parte a pagar la descomunal  importación de hidrocarburos que debe realizar el país para sostener su funcionamiento, una suma superior a los 12.000 millones de dólares, el resto, campaña demagógica y nacionalista mediante, lo pagaremos los usuarios.

Los buitres al acecho
No es casual que la presidente haya hecho pública la expropiación parcial de YPF después de haber mantenido una reunión con Obama, ni que el gobierno estadounidense haya sido extremadamente suave en sus referencias a la expropiación. Es sabido que la norteamericana Exxon es una de las empresas imperialistas que aspira a ocupar el lugar de la Repsol en la explotación de los yacimientos de combustibles no convencionales de Vaca Muerta (Neuquén), al mismo tiempo que pretende desplazar de ese negocio a la petrolera china Sinopec.
El carácter de defensa de las inversiones y de las especulaciones capitalistas que tiene la “expropiación” de CFK lo dejó claro la última reunión de los ministros de economía del G-20 -realizada en Washington con la participación del FMI-  en la que se definió el conflicto con España como “una cuestión bilateral”  y como “una decisión de un país soberano”. Hasta la delegación mexicana que en principio había apoyado a España terminó alineándose detrás de la política de EE.UU. declarando que “la Unión Europea “no es un foro que aborde disputas específicas o cuestiones bilaterales”, es que los recientes descubrimientos de gas y petróleo no convencional transforman a argentina en un bocado apetecible para todos los pulpos internacionales y sobre la base de aquello de que “del árbol caído todos hacen leña” le han vuelto la espalda a las pretensiones imperialistas de España.
Como vemos no es el “amor” a la nación lo que ha movilizado a Cristina y al G-20. Las necesidades de un capitalismo en descomposición, cuya crisis se agudiza día a día, imponen soluciones draconianas, que en el tablero mundial de los intereses imperialista hacen jugar a sus peones, los países en desarrollo, como Argentina en este caso, en función de sus intereses.  Mientras puedan hacer sus negocios, los intereses imperialistas no se preocupan si una parte de las acciones de YPF son del Estado.  Y el mejor ejemplo y garantía de que el gobierno de CFK es un gran sostén de los negocios imperialistas, es el negocio de la megaminería, defendido por el  Kirchnerismo reprimiendo las manifestaciones populares

Por una alternativa obrera y socialista
El gobierno pretende hacernos creer que los cómplices del saqueo, es decir ellos mismos con el ministro De Vido a la cabeza, son la garantía de un futuro manejo eficiente de los recursos en YPF. Solamente el control obrero, con el acceso de los trabajadores a las cuentas de las empresas eliminando el secreto comercial y mostrando el desarrollo patrimonial de las empresas,  puede garantizar que no continúe la política que nos llevo a esta situación. Pero para que este control por parte de las organizaciones obreras sea transparente y democrático es necesario expulsar de los sindicatos a los otros cómplices del saqueo, la burocracia sindical.
El dinero para poner en marcha esta recuperación del sector estatizado bajo control obrero no debe salir de los fondos de la ANSES, es decir del plata de los jubilados actuales y futuros. Hay que imponer impuestos progresivos a las ganancias patronales, y el no pago de la deuda externa para financiar un Plan Energético Obrero y popular.
No es de la mano de la clase capitalista que el pueblo argentino logrará la soberanía energética, ni ninguna otra soberanía. En la medida que el capitalismo nos arrastra a la barbarie, la clase obrera junto a todos los sectores oprimidos de la nación debe imponer una alternativa propia.
Ningún gobierno patronal es capaz de realizar estas medidas porque están atados de pies y manos a los pulpos imperialistas. Solo un gobierno de los trabajadores puede actuar con mano firme contra los saqueadores extranjeros y sus cómplices, los empresarios argentinos.
En ese camino proponemos luchar por: ningún pago por la expropiación a los vaciadores de Repsol. Expropiación del 100% de la industria petrolera bajo control de trabajadores y técnicos. En defensa de los recursos, nacionalización de la banca y el comercio exterior. Por una comisión independiente de trabajadores petroleros elegidos en asambleas de base y organizaciones obreras y populares que establezca las responsabilidades en el daño ambiental y el vaciamiento energético.

1 comentarios:

EL AVISPON VERDE dijo...

Me gusta el comentario exacto - debo manifestar que SOY apolitico el motivo que uno de la Izquierda realizo apuntando a todos los compañero de Telecom es Hector daniel Sanchez la informacion que pusiste me intereso y lo levane al blogger que se llama http://diariotelefonico.blogspot.com.ar/p/politica_29.html. esto no quiere decir que todo sean cortado por la misma forma lo que le pido que mi lucha con este h.p ante mencionado Ud como agrupacion saquen a la luz si asi lo iciera lo pondre en mi blog con gusto suerte

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