La
expropiación parcial no es una medida de independencia nacional
Con la engañosa declaración de “recuperar la soberanía
energética” para nuestro país, la presidente de la nación acaba de
plantear mediante un decreto de
necesidad y urgencia (DNU), la
expropiación (pagada) del 51 % de las acciones
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Pero, nada más lejos de
la soberanía que esta expropiación. Si
“a nivel nacional YPF domina el 33,87 de la explotación petrolera y que en el caso del gas interviene en el 23%
del total general producido”, ese 15 ó
16 % de la explotación general de hidrocarburos que representan el 51% de las
acciones de YPF, no significan ninguna soberanía y menos si esa expropiación no
contempla al resto de los accionistas, fundamentalmente al casi 26% de las acciones del Grupo
Petersen, hoy deudores de YPF en un
monto superior a los 2.900 millones de dólares. Con la Ley de expropiación enviada al
Congreso por CFK - y como ella misma reconoció en su discurso- YPF será una
empresa de capitales mixtos, con lo cual
no deja de ser un modelo privatizador, con la ventaja para los empresarios de
que las inversiones las banca el Estado Nacional, que cumplirá un rol auxiliar
del capital privado.
De igual forma que nos opusimos a las
privatizaciones menemistas rechazamos esta reedición atenuada de una política
que sostiene en lo esencial la propiedad del petróleo en manos del capital
imperialista con su modelo de “empresas mixtas” y señalamos ante los
trabajadores la falsedad del Kirchnerismo en cuanto a su pretendida
“recuperación de los hidrocarburos”. Al mismo tiempo repudiamos las represalias
comerciales llevadas adelante por el gobierno español. En este sentido,
señalamos la necesidad de que las organizaciones obreras del estado español
adopten una postura “contra su propio imperialismo”.
Expropiación paga, parcial: “manotazo” a la caja
La decisión del
gobierno nacional no responde ni por asomo a una política que se oriente en un
sentido de avanzar hacia la independencia nacional. Estamos ante una medida
impuesta obligadamente por la crisis del sector energético que pasó del
autoabastecimiento a importar combustible por más de 10 mil millones de dólares
anuales debido a la política de saqueo llevada adelante por Repsol con la
complicidad del gobierno actual que sostuvo el modelo iniciado con la
privatización menemista, apoyado por los Kirchner en los años 90.
Es necesario aclarar además, que esta ley no alcanza, sino que
por el contrario les abre nuevos negocios, a las empresas
nacionales y multinacionales que controlan prácticamente el otro 70% de la
explotación petrolera del país, y es de destacar entre estas el caso de
Panamerícan Energy (de Bulgheroni , de la
British Petróleum y capitales chinos) que tienen concesionada, por más de por 50 años, la explotación del yacimiento
más importante del país: Cerro Dragón (Chubut) que provee el 14% del crudo
nacional. Si a todo este cuadro, agregamos que la nueva YPF cotizará sus
acciones en bolsa, es decir que el destino de la empresa será fijado por sus
accionistas al mejor estilo de Petrobras -tal como lo declaró CFK-, queda claro
que las acciones que posea el Estado
serán un nuevo botín para las multinacionales ligadas al gobierno. O sea, el
Estado Nacional sigue manteniendo en la producción hidrocarburífera un lugar
subordinado a los monopolios imperialistas.
Lógicamente que para el descomunal operativo demagógico
que ha montado el gobierno en función de recuperar su deteriorada mística
“nacional y popular”, la expropiación de las acciones debía realizarse sobre
YPF, empresa testigo de la actividad, que además de ser “la petrolera de bandera” -como le
gusta decir a los K-, significa echar mano a su recaudación anual que este
último año superó los 60 mil millones de pesos.
El gobierno además de la recaudación, con esta expropiación, intenta “matar” varios pájaros de un tiro. Trata de
resolver un problema económico, el problema energético -tan reclamado en cada
uno de los banquetes empresariales- garantizando el aprovisionamiento de
combustible y energía en general a precios menores que los internacionales,
para que las patronales puedan sostener
su “competitividad”. Pero además,
como decíamos en principio, recomponer su alicaída
imagen, muy deteriorada después del “crimen” de Once, en el que intentó con su
habitual duplicidad, aparecer como querellante y hoy es acusado de “complicidad
criminal” por el fiscal federal. Con un vicepresidente golpeado por las
denuncias de tráfico de influencias. Por
su manifiesta autoría en el montaje
represivo contra las luchas populares aprobando la ley antiterrorista y
el deschave de su proyecto X, por su inacción ante las consecuencias del
vendaval que azotó la provincia de Buenos Aires, Por el ataque de la presidente
contra los trabajadores de la educación, etc., etc., más la persistente
inflación del “modelo” que golpea cada vez más el poder adquisitivo de los
hogares obreros. Un cúmulo de elementos que se expresaron muy claramente el 24
de marzo en la masividad de las columnas que marcharon en el 36 aniversario del
golpe de Estado ante las disminuidas columnas kirchneristas.
¿Una idea salvadora?
Por ello la idea de la expropiación, que ya se analizaba
con las provincias petroleras (recordemos que Sapag, el gobernador de la
provincia de Neuquén, el 4 de marzo en
la apertura de las Sesiones ordinarias de la Legislatura sostuvo que
"Los
hidrocarburos son una cuestión de Estado porque la matriz energética del país
depende del gas y el petróleo" y reclamó “al Estado nacional que use los
fondos de la Anses y del Bicentenario”, “para juntar los 26.000 millones de
dólares necesarios para perforar los 1.000 pozos de petróleo y 1.200 de gas
necesarios”), se transformó en una
salida que permitió al gobierno dar una
nueva vuelta de tuerca en su demagogia nacionalista, recomponiendo su
imagen y de paso le sirve para ocultar su responsabilidad en el vaciamiento de
las reservas petroleras del país operado en estos últimos años.
Una política cómplice del vaciamiento
¿Qué duda cabe, que la política energética del
Kirchnerismo, al igual que la del transporte, de las comunicaciones, de aguas,
etc., ha sido preservar e incluso
sostener mediante multimillonarios subsidios,
las concesiones realizadas por el menemismo a las multinacionales?
Política agravada por la incorporación
de empresarios amigos. Fue el propio Kirchner el que impulsó como accionistas y gerenciadores,
en nombre de la “argentinización”, a la familia Eskenazi (Grupo Petersen), dueños del Banco de Santa
Cruz y hoy poseedores del 25,46 % de las
acciones de YPF de las cuales no se ha tocado un pelo; “argentinización” que le permitió a
Repsol que se repartiese el 90 % de las utilidades entre los accionistas, de
manera que “el grupo” pudiera pagar con lo producido la compra de las acciones y a Repsol remitir las utilidades al exterior. No
importó en estas circunstancias que ello implicaba la imposibilidad de
reinversión en exploración y capitalización de YPF, estaba por sobre todas las
cosas el beneficio de capitalistas amigos.
El vaciamiento de las reservas petroleras refleja
cabalmente la política energética del
gobierno, las empresas asuelan el territorio nacional sin ningún
control, una vez obtenida la concesión disponen libremente de los
hidrocarburos, explotando los pozos hasta su agotamiento, sin reinvertir en
nuevas exploraciones, así, tomando algunos ejemplos: Petrobras registró un
descenso de las reservas del 68%, Chevrón una caída superior al 44 %. El caso
de YPF adquirió ribetes escandalosos porque sus reservas cayeron un 48 %, en el
período que analizamos 2002/2009, considerando que esta política se sostuvo aún con la presencia de
un integrante del Estado en el directorio de la empresa. Según un informe que
presentaron en forma conjunta ex secretarios de energía de la nación, esta
política significó una perdida en la última década de más de 100 mil millones
de dólares en reservas.
De todas maneras, el manotazo a la caja de Repsol, no
resuelve la necesidad de una industria
petrolera estatal y mucho menos el problema del abastecimiento; solo contribuirá en parte a pagar la
descomunal importación de hidrocarburos
que debe realizar el país para sostener su funcionamiento, una suma superior a
los 12.000 millones de dólares, el resto, campaña demagógica y nacionalista
mediante, lo pagaremos los usuarios.
Los buitres al acecho
No es casual que la presidente haya hecho pública la
expropiación parcial de YPF después de haber mantenido una reunión con Obama, ni
que el gobierno estadounidense haya sido extremadamente suave en sus
referencias a la expropiación. Es sabido que la norteamericana Exxon es una de
las empresas imperialistas que aspira a ocupar el lugar de la Repsol en la
explotación de los yacimientos de combustibles no convencionales de Vaca Muerta
(Neuquén), al mismo tiempo que pretende desplazar de ese negocio a la petrolera
china Sinopec.
El carácter de defensa de las inversiones y de las
especulaciones capitalistas que tiene la “expropiación” de CFK lo dejó claro la
última reunión de los ministros de economía del G-20 -realizada en Washington
con la participación del FMI- en la que
se definió el conflicto con España como “una cuestión bilateral” y como “una decisión de un país soberano”.
Hasta la delegación mexicana que en principio había apoyado a España terminó
alineándose detrás de la política de EE.UU. declarando que “la Unión
Europea “no es un foro que aborde disputas específicas o cuestiones
bilaterales”, es que los recientes
descubrimientos de gas y petróleo no convencional transforman a argentina en un
bocado apetecible para todos los pulpos internacionales y sobre la base de
aquello de que “del árbol caído todos hacen leña” le han vuelto la espalda a
las pretensiones imperialistas de España.
Como vemos no es el “amor” a la nación lo que ha
movilizado a Cristina y al G-20. Las necesidades de un capitalismo en
descomposición, cuya crisis se agudiza día a día, imponen soluciones
draconianas, que en el tablero mundial de los intereses imperialista hacen
jugar a sus peones, los países en desarrollo, como Argentina en este caso, en
función de sus intereses. Mientras
puedan hacer sus negocios, los intereses imperialistas no se preocupan si una
parte de las acciones de YPF son del Estado.
Y el mejor ejemplo y garantía de que el gobierno de CFK es un gran
sostén de los negocios imperialistas, es el negocio de la megaminería,
defendido por el Kirchnerismo
reprimiendo las manifestaciones populares
Por una alternativa obrera y socialista
El gobierno pretende hacernos creer que los
cómplices del saqueo, es decir ellos mismos con el ministro De Vido a la
cabeza, son la garantía de un futuro manejo eficiente de los recursos en YPF.
Solamente el control obrero, con el acceso de los trabajadores a las cuentas de
las empresas eliminando el secreto comercial y mostrando el desarrollo
patrimonial de las empresas, puede
garantizar que no continúe la política que nos llevo a esta situación. Pero
para que este control por parte de las organizaciones obreras sea transparente
y democrático es necesario expulsar de los sindicatos a los otros cómplices del
saqueo, la burocracia sindical.
El dinero para poner en marcha esta
recuperación del sector estatizado bajo control obrero no debe salir de los
fondos de la ANSES, es decir del plata de los jubilados actuales y futuros. Hay
que imponer impuestos progresivos a las
ganancias patronales, y el no pago de la deuda externa para financiar un Plan Energético Obrero y popular.
No es de la mano
de la clase capitalista que el pueblo argentino logrará la soberanía
energética, ni ninguna otra soberanía. En la medida que el capitalismo nos
arrastra a la barbarie, la clase obrera junto a todos los sectores oprimidos de
la nación debe imponer una alternativa propia.
Ningún gobierno patronal es capaz de
realizar estas medidas porque están atados de pies y manos a los pulpos
imperialistas. Solo un gobierno de los
trabajadores puede actuar con mano firme contra los saqueadores extranjeros
y sus cómplices, los empresarios argentinos.
En ese camino proponemos
luchar por: ningún pago por la expropiación a los vaciadores de Repsol.
Expropiación del 100% de la industria petrolera bajo control de trabajadores y
técnicos. En defensa de los recursos, nacionalización de la banca y el comercio
exterior. Por una comisión independiente de trabajadores petroleros elegidos en
asambleas de base y organizaciones obreras y populares que establezca las
responsabilidades en el daño ambiental y el vaciamiento energético.
1 comentarios:
Me gusta el comentario exacto - debo manifestar que SOY apolitico el motivo que uno de la Izquierda realizo apuntando a todos los compañero de Telecom es Hector daniel Sanchez la informacion que pusiste me intereso y lo levane al blogger que se llama http://diariotelefonico.blogspot.com.ar/p/politica_29.html. esto no quiere decir que todo sean cortado por la misma forma lo que le pido que mi lucha con este h.p ante mencionado Ud como agrupacion saquen a la luz si asi lo iciera lo pondre en mi blog con gusto suerte
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